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Crecen en la gestión pública fenómenos como la incertidumbre jurídica sobre lo admisible o inadmisible, el ensalzamiento de las denuncias, el crecimiento del número y competencias de martillos fiscalizadores a la búsqueda de clavos, el trasvase de la confrontación política al ámbito administrativo superior, la inversión de la presunción de inocencia con una sociedad renuente a desterrar el prejuicio inherente al derogado término «imputado» frente al más ecuánime «investigado», la tipificación en blanco de tipos penales como la prevaricación o la criminalización de la «irregularidad» con independencia de su calibre. Escenario inhóspito en el que ya se perciben atisbos de renuencia al compromiso y «desbandada» de responsabilidades en la ¿post? pandemia.
