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Granada, España
Como señalada la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 32/2021, el incremento en el uso de la externalización productiva como mecanismo de reducción de costes afecta negativamente a la competencia cualitativa entre las empresas e incide también en el incremento de la precariedad laboral. Por ello, procede una modernización de su regulación que asegure un uso adecuado en los supuestos que mejoran la actividad productiva, al tiempo que lo desincentive en aquellos en que es un mero instrumento de reducción de costes, así como avanzar hacia la equiparación de condiciones de las personas trabajadoras subcontratadas y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas. La externalización debe justificarse en razones empresariales ajenas a la reducción de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las empresas contratistas. Lo anterior no es solo un objetivo plausible y legítimo, sino que, además, existe una razón de fondo vinculada con el principio de no discriminación tal y como ocurre en el caso de puestos, profesiones o sectores con alta ocupación femenina. Sin embargo, respecto al Estatuto de los Trabajadores (RD-Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, promulgado en cumplimiento del mandato constitucional ex art. 35.2 CE; en adelante ET) la reforma se ha limitado a modificar el apartado 6 del nuevamente redactado art. 42 del ET, el cual establece un conjunto de reglas de preferencia aplicativa del convenio colectivo que ha de ser aplicable a las empresas contratistas y subcontratistas. Y puede plantear problemas hermenéuticos para realizar el principio de igualdad sustancial entre los trabajadores involucrados en la red de subcontratación empresarial.
As noted in the Explanatory Statement of Royal Decree-Law 32/2021, the increase in the use of productive outsourcing as a cost reduction mechanism negatively affects qualitative competition between companies and also affects the increase in job insecurity This is why its regulation should be modernized to ensure proper use in cases that improve productive activity, while discouraging it in those cases where it is merely a cost-cutting instrument, as well as moving toward the equalization of conditions for subcontracted working persons and strengthening the responsibility of contracting companies or subcontractors. Outsourcing should be justified on business grounds other than reducing the working conditions of working people in contracting companies. This is not only a plausible and legitimate objective, but there is also a fundamental reason linked to the principle of non-discrimination as is the case in jobs, professions or sectors with high female occupation. However, with regard to the Workers' Statute, the reform has limited itself to amending paragraph 6 of the redrafted Article 42 of the ET, which establishes a set of rules of preference applying to the collective agreement that is to be applicable to contractors and subcontractors. And it may pose interpretative problems to realize the principle of substantial equality between the workers involved in the business subcontracting network.
