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El decreto 70/2017 modificó profundamente el régimen legal de las migraciones en Argentina. El objetivo de este artículo es analizar el uso de esa reforma legal como un instrumento simbólico de la política criminal y contrastar su contenido con los estándares de derechos humanos. La aproximación metodológica combina el análisis jurídico con el estudio teórico de las transformaciones estudiadas. El trabajo muestra que el decreto buscaba vincular inmigración y criminalidad y transmitir un mensaje de firmeza del Estado en la lucha contra el delito y aporta una actualización del debate sobre la reforma legal a luz de lo sucedido con posterioridad. Se concluye que la reforma ha aumentado los márgenes de discrecionalidad estatal, generando un mayor grado de inseguridad jurídica para los migrantes. Aunque limitada a un caso nacional concreto, la investigación puede tener implicaciones teóricas para el estudio de casos semejantes.
