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Si bien el legislador entendió que la autorización judicial podría ser un instrumento idóneo para garantizar la proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales en el marco de la importante crisis sanitaria, es innegable que confunde las funciones ejecutiva y judicial, con menoscabo de la potestad reglamentaria que posee el poder ejecutivo y compromete la independencia del poder judicial.
