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En el museo de la legalidad administrativa se expone una pieza novedosa pero frágil. Se trata del procedimiento abreviado para promover la ejecución de los actos firmes, cuando las autoridades administrativas se resisten o se demoran en su ejecución. No se trata de combatir el silencio administrativo sino hacer que la Administración ejecute materialmente sus propios actos. El precio de la celeridad es la limitación de las cuestiones y motivos de oposición que pueden plantearse ante el juez
