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Georgios Milios
La aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha cambiado sustancialmente el panorama en relación con el derecho a la no discriminación de las personas con discapacidad y ha tenido un claro impacto en la jurisprudencia y normativa a nivel internacional y nacional sobre esta materia. Este impacto se detecta en la interpretación de conceptos clave como la definición de discapacidad y las formas de discriminación. Pero se extiende también a cuestiones más transversales como es la metodología interpretativa que se sigue por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales. A pesar de los esfuerzos de adaptación de los ordenamientos jurídicos al texto de la Convención, todavía se pueden observar determinados problemas de compatibilidad entre la normativa y jurisprudencia nacional y comunitaria y la CDPD. Así, el presente artículo se centra en estos problemas argumentando que es necesaria una regulación diferente de determinadas cuestiones para que se pueda garantizar la coherencia en el ordenamiento jurídico y, finalmente, se puedan proteger de manera más eficaz los derechos de este colectivo.
The adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) has substantially changed the landscape in relation to the right to non-discrimination of persons with disabilities and has had a clear impact on the case law and legislation at international and national level. This impact is detected in the interpretation of key concepts such as the definition of disability and the forms of discrimination. It also extends to more cross-cutting issues such as the interpretive methodology that is followed by the different courts. Despite the efforts of legal systems to adapt to the text of the Convention, certain problems of compatibility between national and EU legislation and case law and the CRPD can still be observed. Thus, this article focuses on these problems, arguing that a different regulation of certain issues is necessary for the coherence in the legal system to be guaranteed and the rights of persons with disabilities to be more effectively protected.
