Acceso usuarios
Carlos Espaliú Berdud 
La desinformación supone un riesgo muy importante y creciente para nuestras sociedades, en solitario o asociada a otras amenazas híbridas, a la que se está tratando de poner remedio, tanto a nivel internacional y comunitario como nacional. En la UE se ha preconizado un enfoque multidisciplinar y de cooperación entre todos los actores implicados, lejos, por tanto, de una óptica regulatoria fuerte, tan tradicional en la historia de la integración europea en el marco de la UE. Por ese motivo, junto a las limitaciones intrínsecas que la naturaleza del derecho a la libertad de expresión y de información impone a cualquier posible censura administrativa o castigo penal, no se ha adoptado en España más que una norma reciente, la Orden PCM/1030/2020 que ha establecido el procedimiento español para luchar contra la desinformación, tal como había exigido una directiva europea. Por lo demás, aunque no se puedan perseguir las noticias falsas por vía penal de forma directa en España fuera de la excepción de los delitos contra el mercado y los consumidores, las noticias falsas pueden llegar a integrar muy diferentes tipos penales dependiendo de su contenido y la intención con que sean difundidas. Hemos ilustrado esas posibilidades con algunas de las decisiones jurisprudenciales recientes en la materia y referencias de la Fiscalía General del Estado. Está por ver si este enfoque blando de lucha contra la desinformación será suficiente para luchar con eficacia contra esta nueva plaga de nuestras sociedades contemporáneas.
Disinformation poses a very important and growing risk to our society, either alone or in association with other hybrid threats, which is being addressed at both the international and European Union (EU) as well as national level. Within the EU, a multidisciplinary and cooperative approach has been advocated between all the actors involved, in contrast to the strong regulatory perspective traditionally adopted in the history of European integration within the EU framework. For this reason, together with the inherent limitations imposed by the nature of the right to freedom of expression and information on any possible administrative censorship or criminal punishment, Spain has adopted only one recent regulation (Decree PCM/1030/2020) to establish the Spanish procedure to combat disinformation as required by European directive. Moreover, although fake news cannot be prosecuted directly in Spain outside the scope of crimes against the market and consumers, fake news can include very different types of criminal offence depending on the content and the intention with which it is disseminated. We illustrate these possibilities through some recent judicial decisions on this matter and declarations by the Office of the Attorney-General. It remains to be seen whether this soft approach to combating disinformation will be sufficient to combat this new plague on our contemporary society effectively.
