Transcurridos ya casi cuatro años de la entrada en vigor del RGPD, parece llegado el momento de valorar su aplicación práctica en el sector público y, de cara al futuro más inmediato ofrecer pautas y criterios de utilidad para afrontar el efectivo respeto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal en el proceso de transformación digital que se está viviendo en este ámbito.