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El cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria es probablemente el dato que mejor contrasta la estabilidad de un gobierno y del propio sistema político. La quiebra de este, máxime cuando se trata de un contexto inflexivo, donde la obsolescencia de unas cuentas públicas prorrogadas para responder a las demandas sociales puede ser más manifiesta, es una anormalidad que, por lo menos hasta hace un tiempo, servía para cuestionar de forma grave la propia gobernabilidad, precipitando por lo normal la convocatoria de elecciones anticipadas.
