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Durante la última década, el auge experimentado por el uso turístico de viviendas ha provocado una gran transformación urbanística, social, económica y cultural en muchas ciudades del mundo, especialmente en todas las grandes capitales europeas, que ha ido acompañada de una enorme controversia jurídica sobre el contenido del derecho de propiedad inmobiliaria, las potestades de ordenación urbanística, el control administrativo sobre ese tipo de actividades y la conciliación de las exigencias de la Directiva de Servicios con el urbanismo, en la que hasta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE habían salido casi siempre perdedoras las potestades públicas que ahora, en un giro radical, salen plenamente reforzadas, lo que exige analizar las posibles técnicas de intervención administrativa sobre dicho fenómeno.
