El Estado de Derecho implica el sometimiento del poder al Derecho; en España supuso un gran logro en 1978, pero se observan perversiones muy significativas en distintos sectores que constituyen el corazón del Estado, como los excesos de la Administración tributaria, la colonización por los partidos políticos del gobierno del Poder Judicial, la exacerbación del derecho al voto al margen de lo que permite el ordenamiento o la vulneración de los principios de mérito y capacidad, entre otros casos. Es obligado rectificar el ordenamiento jurídico en estos ámbitos para asegurar la misma existencia del Estado de Derecho en la actualidad.