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Martina Cociña Cholaky
Bajo el marco de la “crimigración” se examina la expulsión de extranjeros en Chile, tanto como sanción administrativa y pena judicial, desde el 2012 hasta la actualidad, delineando el derrotero que ha seguido el esquema sancionatorio. Se indaga cómo esta medida ha evolucionado según el tipo de expulsión, su concreción, las nacionalidades y el territorio en que se concentran. Examinado los datos, se observa que en Chile las deportaciones han aumentado en los últimos años, especialmente las que operan como sustitución de pena, así se constata un giro en la política, caracterizado por la preponderancia de las expulsiones judiciales, las que cuentan con un alto nivel de concreción en comparación con las administrativas. Mientras las deportaciones administrativas materializadas disminuyen desde el 2018, las órdenes de expulsión administrativas se incrementan considerablemente. Este bajo nivel de ejecución, junto con la fuerte alza de las denuncias por ingreso clandestino, produce un aumento considerable de los sujetos expulsables, imponiendo una gobernanza que más que expulsar, precariza los flujos migratorios.
Under the framework of criminalization, the expulsion of foreigners in Chile is examined, both as an administrative sanction and judicial penalty, from 2012 to the present, outlining the course that the sanctioning scheme has followed. It is investigated how this measure has evolved according to the type of expulsion, its specificity, the nationalities and the territory in which they are concentrated. Examining the data, it is observed that in Chile deportations have increased in recent years, especially those that operate as a substitution of punishment, thus a shift in politics is verified, characterized by the preponderance of judicial expulsions, which have a high level of specificity compared to the administrative ones. While materialized administrative deportations have decreased since 2018, administrative expulsion orders have increased considerably, this low level of execution, together with the sharp rise in complaints for clandestine entry, produces a considerable increase in expellable subjects, imposing a governance that is more What to expel makes migratory flows more precarious.
