Resumen de Un sistema de justicia administrativa al servicio de los ciudadanos: Propuestas para una reforma

Jorge Agudo González

• español

  Los jueces tienen la función constitucional de tutelar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, y en las relaciones con las Administraciones, de hacerlo controlando la legalidad de la actividad administrativa. Pese a que la función jurisdiccional optimiza las condiciones jurídicas para asegurar que los órganos judiciales hagan justicia en el caso concreto, su reserva en órganos judiciales no sería un obstáculo para la configuración legal de mecanismos administrativos de control orientados a esa misma finalidad. Es así que el legislador podría configurar organismos administrativos con características similares a la de órganos jurisdiccionales y con funciones de control de legalidad orientado a proveer justicia, pero dentro del límite constitucional irrenunciable que constituye el acceso eventual a la jurisdicción para revisar la decisión adoptada en su seno. La presente investigación revela cómo un sistema de justicia administrativa renovado debe procurar la complementación de la función entre órganos judiciales y órganos administrativos cuasi jurisdiccionales, como base para garantizar la tutela de los ciudadanos en términos de acceso, garantías, costes y tiempo

• English

  Judges and courts have the constitutional duty of protecting the legitimate rights and interests of citizens and, in their relations with the Public Administration, of doing so by reviewing the legality of administrative action. The jurisdictional function optimizes all legal conditions –in terms of independence and impartiality, procedural guarantees...–, to ensure that judicial bodies make justice in a specific case. Judicial review does not impede the legal configuration of administrative control mechanisms oriented to the same purpose. The lawmaker can set up administrative bodies and agencies with a special statute similar to that of the judicial bodies, conferring legality control functions aimed at providing justice. The truly inalienable constitutional limit is that the eventual provision of these control mechanisms cannot prevent access to the jurisdiction to review the decision adopted within it. A renewed administrative justice system must find in the complementation of the function between judicial bodies and quasi-jurisdictional administrative bodies, the basis to guarantee the protection of citizens in terms of access, procedural guarantees, costs and time