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José Sancho Bergua, Javier Nieto Sánchez
La reforma introducida por la Ley 4/2022 en relación con el tamaño de letra de los contratos celebrados con consumidores y su conexión con principios como legibilidad y nulidad, exigen determinar qué debe entenderse por “tamaño de letra”, que no se encuentra definido en nuestro derecho, con la incertidumbre que esto conlleva para todos los intervinientes en el tráfico económico y jurídico. Los autores realizan un análisis de criterios de medición y regulación que se pueden encontrar en el derecho comparado.
