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Ariana Expósito Gázquez
El derecho público y el transporte por carretera han tenido históricamente una especial relación, en la que el primero ha incrementado la regulación del segundo a medida que aumentaba el riesgo de lesionar los bienes e intereses en juego. En la actualidad, los poderes públicos se enfrentan al reto de adaptar su regulación a los avances que se están produciendo a raíz de los progresos concernientes a la revolución digital. En este sentido, los vehículos completamente autónomos representan una innovación cada vez más cercana, a la que habrá que dar una respuesta legislativa adecuada para preservar los derechos de los ciudadanos. No obstante, debe advertirse que la regulación de estas cuestiones debe ser coordinada, homogénea e inminente, antes de que esta tecnología adquiera la suficiente consolidación, y sea el ordenamiento jurídico el que frene o impida su implantación.
