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Durante el gobierno de Felipe Calderón hubo continuidad en la política exterior de México en materia de derechos humanos respecto de los dos sexenios anteriores. La continuidad puede ser explicada por la presión “desde afuera” ejercida sobre el gobierno mexicano por redes transnacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, y por el efecto de la aplicación de un “candado externo” sobre la nueva política exterior en la materia. Dicha política no ha tenido un impacto directo sobre los índices de vigencia de los derechos humanos en México. La política exterior de apertura y activismo multilateral ha sido un elemento importante en un proceso (inacabado y contencioso) de re-definición de la identidad del Estado mexicano en el ámbito internacional.
