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El Derecho de la Unión se opone a una norma nacional en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales nacionales no están facultados para examinar la conformidad con el Derecho de la Unión de una normativa nacional que ha sido declarada constitucional mediante una sentencia del tribunal constitucional del Estado miembro. La aplicación de una norma de ese tipo menoscabaría el principio de primacía del Derecho de la Unión y la eficacia del procedimiento de remisión prejudicial (no está en español).
