Resumen de Justicia constitucional y principio de primacía: ¿conflicto de legalidad? o ¿conflicto entre identidades (constitucionales)?

Ainhoa Lasa López

• español

  En las últimas décadas, algunas de las reformas ordinarias y constitucionales acometidas por ciertos países miembros han desencadenado un relativo activismo político-institucional en la Unión que contrasta con la perseverancia del juez europeo a la hora de limitar las crecientes posibilidades de gobiernos y legisladores nacionales de introducir modificaciones que cercenan los espacios de aplicación del Derecho de la Unión en los ámbitos de su competencia. Concretamente, las reformas dirigidas a colonizar los distintos perfiles del principio constitucional común europeo de Estado de Derecho. En estos procesos, además, los Estados han contado con un aliado inusual, que no inusitado, sus respectivos tribunales constitucionales que, al amparo de los contralímites de la identidad nacional y la supremacía constitucional, han generado un doble proceso de desnaturalización: por una parte, del propio enunciado constitucional que deja de corresponderse con el presupuesto material del compromiso entre ideologías e intereses diversos; y, por otra parte, del significado y alcance del principio constitucional (estructural) de primacía del orden europeo. Con relación a este último, los jueces constitucionales se han auto atribuido la facultad de ejercer el juicio negativo de validez del Derecho de la Unión en los supuestos de potenciales conflictos con el dispositivo constitucional nacional, en base a la jerarquía de la Constitución, pero en clara disonancia con el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, que reserva esta función al juez europeo. Al respecto, resulta de interés analizar la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 22 de febrero de 2022. El motivo no es reproducir la ya consolidada jurisprudencia a propósito del principio de primacía y sus interacciones con las disposiciones y resoluciones nacionales, sean estas de naturaleza ordinaria o constitucional. Por contra, lo significativo de este fallo es que los jueces de Kirchberg han consolidado en la “saga” rumana inaugurada el 18 de mayo de 2021, el determinismo constitucional del principio de primacía del Derecho de la Unión y su naturaleza sistémica desde la conjunción de las identidades nacionales y europea

• English

  In recent decades, some of the ordinary and constitutional reforms undertaken by certain member states have unleashed a relative political- institutional activism in the Union that contrasts with the perseverance of the European judge in limiting the growing possibilities of national governments and legislators to introduce modifications that restrict the spaces for the application of Union law in the areas of their competence. Specifically, reforms aimed at colonising the different profiles of the common European constitutional principle of the rule of law.

  In these processes, moreover, the States have had an unusual ally. In fact, they, under the protection of the counter-limits of national identity and constitutional supremacy, have generated a double process of denaturalisation. On the one hand, of the constitutional statement itself, which no longer corresponds to the material presupposition of the compromise between different ideologies and interests; and, on the other hand, of the meaning and scope of the (structural) constitutional principle of the primacy of the European order.

  With regard to the latter, constitutional judges have attributed to themselves the power to exercise the power to judge the negative validity of Union law in cases of potential conflict with national constitutional provisions, on the basis of the hierarchy of the Constitution, but in clear dissonance with Article 267 of the Treaty on the Functioning of the Union, which reserves this function to the European judge. In this respect, it is interesting to analyse the recent judgment of the Luxembourg Court of 22 February 2022. The reason is not to reproduce the already consolidated case law on the principle of primacy and its interactions with national provisions and decisions, whether of an ordinary or constitutional nature. On the contrary, what is significant about this judgment is that the Kirchberg judges have consolidated in the Romanian "saga" inaugurated on 18 May 2021, the constitutional determinism of the principle of the primacy of Union law and its systemic nature from the conjunction of national and European identities