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Ángel Llorente
Para tratar de responder a la cuestión que encabeza este artículo conviene recordar cómo se conoció la noticia sobre el giro de la posición española respecto al contencioso del Sáhara Occidental. El 18 de marzo de 2022, la Casa Real marroquí anunció por sorpresa que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una carta dirigida a Mohamed VI, le había trasladado que “España considera la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo”. La carta pretendía como contrapartida que Marruecos controlara los flujos migratorios hacia España, así como “garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países”. Esto es, que no se cuestionase ni la marroquinidad del Sáhara, ni la españolidad de Ceuta y Melilla.
La decisión de Sanchez puso fin de inmediato a la aguda crisis diplomática con el vecino del sur de más de 10 meses de duración, que se cerró con el retorno de la embajadora marroquí a Madrid. Ello confirmó que el enfado de Rabat se debía a que España no había cambiado su postura sobre el Sáhara después del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio anunciado por Donald Trump en diciembre de 2020 (tras perder las elecciones), consiguiendo que Marruecos se sumara a los Acuerdos de Abraham y estableciera relaciones diplomáticas con Israel.
Quedaba así patente que la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por motivos de salud, desvelada a finales de abril de 2021 por los servicios de información y los medios marroquíes, sirvió a Rabat de excusa ideal para justificar la quiebra de la confianza con el gobierno de España.
El comunicado del palacio real marroquí y la posterior filtración de la carta en marzo pasado causaron gran incomodidad al gobierno español,…
