La temporalidad en el empleo público es un problema crucial de todas las administraciones españolas y al mismo tiempo cuestiona la credibilidad del legislador español que ha necesitado más de 20 años para trasponer al Derecho español la Directiva 1999/70. El Tribunal de Justicia ha dictado hasta ahora 74 sentencias y autos interpretativos, de los cuales 29 provienen de jueces y tribunales de lo social y de lo contencioso-administrativo españoles y están pendientes por resolver otras seis cuestiones prejudiciales «españolas». Conviene recordar, a la luz de la jurisprudencia europea, cuál es el alcance de la legislación española adoptada en 2021 y la conformidad de la jurisprudencia española con el Derecho de la Unión Europea.