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Carolina Soler García
En marzo de 2015 la Unión Europea puso en marcha la operación Sophia, en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, con el fin de contribuir a desarticular el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y la trata de personas que operan en Libia. Además de ofrecer formación a la guardia costera y la armada libia, y hacer efectivo el embargo de armas a Libia decidido por el Consejo de Seguridad. En marzo de 2020, se pone fin a Sophia y nace la operación Irini. Su objetivo principal es aplicar el embargo de armas a Libia y, de forma secundaria, luchar contra las redes de tráfico y trata de migrantes, y formar a los guardacostas libios. La actuación de estas dos operaciones ha estado muy condicionada, en primer lugar, por la falta de autorización tanto del Consejo de Seguridad como de las autoridades libias para desarrollar sus respectivos mandatos en Libia, un Estado fracasado. En segundo lugar, por la ausencia de acuerdo entre los Estados miembros sobre el lugar de desembarco de los inmigrantes rescatados en el mar. Además, en el contexto de la actuación de estas operaciones se han planteado críticas relativas al respeto de los derechos humanos. No obstante estas evidentes limitaciones, con estas dos operaciones la Unión Europea ha asumido un protagonismo de cierta relevancia en la ejecución de las resoluciones del Consejo de Seguridad en el Mediterráneo central.
The EU launched Operation Sophia in March 2015, under the Common Security and Defence Policy, to help disrupt the business model of smuggling and human trafficking networks operating in Libya. In addition, the training of the Libyan Coast Guard and Navy was supported, and the arms embargo on Libya decided by the Security Council was implemented. In March 2020, Sophia was terminated and Operation Irini was launched. Its main objective is to enforce the arms embargo on Libya and, secondarily, to fight migrant smuggling and trafficking networks, as well as to train Libyan coastguards. The development of these operations has been heavily conditioned, firstly, by the lack of authorization from both the Security Council and the Libyan authorities to carry out their respective mandates on Libyan territory. Secondly, because of the absence of an agreement between Member States on the place of disembarkation of migrants rescued at sea. Moreover some controversy has arisen in the course of these operations over respect for human rights. Despite these obvious limitations, the EU has become the main international actor responsible for the implementation of Security Council resolutions in the Central Mediterranean.
