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Las actividades extractivas constituyen un sector estratégico esencial en la transformación renovable del nuevo modelo energético que impulsa de forma ambiciosa la Unión Europea mediante numerosos Instrumentos normativos y estratégicos en los últimos cinco años desde el Acuerdo de París hasta la reciente aprobación de la propuesta del paquete legislativo “Fit for 55” y la Ley Europea del Clima, con el objetivo de conseguir la neutralidad climática en 2050. Para conseguir este objetivo, los denominados recursos minerales críticos (CRM, critical raw materials) constituyen un elemento clave relacionado con el cambio climático y el desarrollo de las tecnologías renovables del nuevo modelo energético, situando de nuevo a estas actividades una vez más en el centro de la historia de las transformaciones industriales y económicas, esta vez en el siglo XXI.
Pese al impulso y atención por parte de la Unión Europea, mediante el Plan de Acción UE sobre los minerales y materias primas fundamentales para el desarrollo de los sectores estratégicos y el fomento de su extracción, en España seguimos en un régimen de excepcionalidad y anormalidad constitucional ante la todavía pendiente Ley de Bases del Régimen Minero (art. 149.1.25) que adapte a la organización y competencias del Estado Autonómico la Ley preconstitucional de 1973, y que dinamice y fomente una nueva minería inteligente y ambientalmente climática (Smart Mining) tanto con una regulación actual en el otorgamiento de permisos y concesiones, como sucede en la legislación de países de nuestro entorno, como con la introducción de tecnologías que faciliten la búsqueda de recursos con nuevos métodos de prospección y la resolución de problemas mineralúrgicos y de mejora de los productos finales.
Sin embargo, manteniendo una tradición de los Gobiernos en España de ausencia de predeterminación normativa y gran discrecionalidad en su actuación y decisiones, paradójicamente estas actividades no han sido objeto de la más mínima atención en los tres pilares de nuestro Marco Estratégico de Energía y Clima, quedando una mera mención muy puntual, y además en un sentido prohibitivo, en la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Extractive activities constitute an essential strategic sector in the renewable transformation of the new energy model that the European Union is ambitiously promoting through numerous regulatory and strategic instruments in the last five years from the Paris Agreement until the recent approval of the proposed regulatory package “Fit for 55” and the European Climate Law, with the aim of achieving climate neutrality in 2050. To achieve this objective, the so-called critical mineral resources (CRM, critical raw materials) constitute a key element related to climate change and the development of renewable technologies of the new energy model, once again placing these activities at the center of the history of industrial and economic transformations, this time in the 21st century.
Despite the impetus and attention from the European Union, through the EU Action Plan on minerals and raw materials essential for the development of strategic sectors and the promotion of their extraction, in Spain we continue in a regime of exceptionality and constitutional abnormality before the still pending Law of Bases of the Mining Regime (art. 149.1.25) that adapts the pre-constitutional Law of 1973 to the organization and competences of the Autonomous State, and that dynamizes and promotes a new intelligent and environmentally climatic mining (Smart Mining) both with a current regulation in the granting of permits and concessions, as happens in the legislation of neighboring countries, as well as with the introduction of technologies that facilitate the search for resources with new prospecting methods and the resolution of mineral problems and improvement of the final products.
However, maintaining a tradition of the Governments in Spain of the absence of regulatory predetermination and great discretion in their actions and decisions, paradoxically these activities have not received the slightest attention in the three pillars of our Strategic Framework for Energy and Climate, leaving a mere very punctual mention, and also in a prohibitive sense, in the recent Law on Climate Change and Energy Transition.
