La nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha provocado importantes cambios en nuestro sistema civil, no solo para las personas con discapacidad sino que también para los menores de edad, eternos olvidados al discutir la trascendencia práctica de la nueva regulación contenida en nuestro Código Civil pese a su cada vez mayor peso en el tráfico jurídico-económico.