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Desde los años 80 del pasado siglo, la regulación y la gestión de los productos químicos incluyó progresivamente una dimensión preventiva, mediante la cual las autoridades públicas intervienen antes de que ocurra un daño a la salud y al medio ambiente, que es probable que ocurra si no se hace nada para prevenirlo. Este enfoque regulatorio está marcado por el entendimiento de que las amenazas al medio ambiente son tangibles y que las situaciones pueden volverse críticas en poco tiempo; por esa razón, se debe acometer una prevención oportuna de los citados impactos dañinos. Luego, a partir de los años 90, el principio de precaución fue proclamado y consagrado en varios tratados internacionales ambientales sobre productos químicos y residuos, así como en el Tratado de Funcionamiento de la UE (artículo 191, § 2 TFUE) y en diferentes normas de la UE. De acuerdo con este reforzamiento del principio, en el momento en que las autoridades actúan no solo no se han producido daños todavía, sino que ni siquiera hay pruebas irrefutables de que vayan a producirse. Esta progresión del principio demuestra la existencia de un auténtico cambio de paradigma. Si bien la prevención se basa en general la existencia de un riesgo cierto, el nuevo paradigma se distingue por la entrada en escena de la incertidumbre. En su nueva formulación, la precaución no implica una comprensión perfecta de un riesgo dado: basta con sospechar o conjeturar su existencia. El objetivo de este artículo es explorar en qué medida el reconocimiento del principio de precaución en el Derecho de la UE ha afectado a la forma en que las autoridades evalúan y gestionan las sustancias químicas. Nuestro análisis se basa en gran medida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal General. Destacamos el hecho de que ambos tribunales aplican el principio de precaución como elemento de contraste para revisar la legalidad de numerosos actos de la UE relacionados con las sustancias químicas.
Since the 80s, the regulatory management of chemicals evolved to include a preventive dimension, by which public authorities intervene prior to the occurrence of health and environmental damage that is likely to take place if nothing is done to prevent it. This regulatory approach is marked by an understanding that threats to the environment are tangible and that situations may rapidly become critical; for that reason, timely prevention of damaging impacts should be undertaken. Since the early 90s, the principle of precaution has been proclaimed and enshrined in several environmental agreements on chemicals and waste as well as in the Treaty of the Functioning of the EU (Article 191, §2 TFEU) and different EU regulations. According to this new principle, not only has damage not yet occurred, but there is no irrefutable proof that it will occur. This progression is evidence of a genuine paradigm shift. While prevention is based on the concept of certain risk, the new paradigm is distinguished by the intrusion of uncertainty. Precaution does not posit a perfect understanding of any given risk: it is sufficient that a risk be suspected or conjectured. The aim of this article is to explore the extent to which the recognition of the precautionary principle in both primary and secondary EU law has been impinging the manner in which chemical substances are assessed and managed. Our analysis rely to a great extent on the case law of the Court of Justice of the EU and the General Court. We are emphasizing the fact that both courts apply the precautionary principle as a standard for reviewing the legality of numerous EU acts related to chemical substances.
