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Diego Agulló Agulló
Los contratos de financiación de litigios por terceros o third-party funding («TPF») permiten que un tercer financiador invierta en un pleito indemnizatorio del que no es parte, a través del pago de las costas del proceso del demandante o del demandado. Si el pleito resulta satisfactorio para el financiado, el tercer financiador recibirá una parte de la cuantía indemnizatoria obtenida. Si el financiado pierde el pleito, el financiador no recuperará la cantidad invertida. Para el financiador, se trata de un producto de inversión más que puede incluir en su cartera y que, por lo general, ofrece una alta rentabilidad. Por el lado del financiado, que un tercero asuma las costas del proceso, a veces muy elevadas, significa un mejor acceso a la justicia, sobre todo cuando cuenta con flujos de caja ajustados o, directamente, no dispone de recursos para litigar. Si bien el TPF se originó en los sistemas del Common Law, ha irrumpido con fuerza en jurisdicciones como la española en los últimos tiempos. El objeto de este trabajo es abordar este fenómeno desde una perspectiva jurídica, centrándonos particularmente en el tratamiento legal que el ordenamiento español puede ofrecer al TPF, diferenciándolo de otras figuras afines como la cuota litis o la cesión de créditos y abordando los problemas de índole transfronterizo que pueden acontecer. Nos referimos también a la necesitad de gestionar adecuadamente los conflictos de intereses y a la noción de garantía de pago de las costas procesales.
Third-party funding («TPF») contracts allow a third-party funder to invest in a lawsuit to which it is not a party by paying the plaintiff's or defendant's litigation costs. If the lawsuit is successful for the funded party, the funder will receive a portion of the amount awarded. If the funded loses the lawsuit, the funder will not recover the amount invested. For the funder, it is another financial product that can be included in its investment portfolio and generally offers a high return. For the funded party, the fact that a third party assumes the litigation costs, sometimes very high, means better access to justice, especially when it has limited or no resources to litigate. Although the TPF originated in Common Law systems, it has recently appeared in Civil Law jurisdictions such as Spain. The purpose of this paper is to address this phenomenon from a legal perspective, focusing particularly on the legal treatment that the Spanish and European Union legal systems can offer to the TPF, differentiating it from other related figures such as contingency fees or assignment of claims and addressing some of the cross-border problems that may arise. We also refer to the need to adequately manage conflicts of interest and to the notion of security for costs.
