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La apresurada normativa surgida a raíz de la lucha contra el denominado COVID19 ha intentado ponderar los intereses de empresarios y trabajadores con la obligada vigilancia del interés presupuestario y la prevención del fraude. Igualmente, lo extremo de la situación obligó a adoptar medidas de agilización de trámites administrativos. La normativa estudiada, aunque no resulta de aplicación desde el pasado día veintiocho de febrero, ha afectado a muchas personas durante su período de vigencia, los problemas que ha ocasionado ya están sobre la mesa. Las soluciones posibles son las que exponemos en este artículo.
