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La sentencia objeto de comentario responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por un órgano judicial rumano que tiene que decidir, principalmente, la legislación aplicable al salario mínimo que deben recibir varios trabajadores rumanos. El Tribunal de Justicia contesta a dos asuntos acumulados en los que los empleados desarrollan su actividad laboral en un Estado distinto al del ordenamiento rector de la relación contractual. En virtud del artículo 8 del Reglamento Roma I, la ley aplicable al contrato de trabajo es la ley elegida por las partes -la ley rumana, en nuestro caso- y las disposiciones imperativas del ordenamiento que sería aplicable de no haber habido elección, siempre que éstas sean más protectoras para el trabajador. Este ordenamiento que sería aplicable si las partes no hubieran elegido la ley rumana como rectora de su relación contractual es el del Estado en el que el empleado realice habitualmente su trabajo (art. 8.2 RRI) -Italia y Alemania, en los dos asuntos acumulados-. En la STJUE, el órgano judicial europeo concluye que las disposiciones sobre salario mínimo pueden ser consideradas estipulaciones que no pueden ser excluidas mediante acuerdo, disposiciones imperativas, por tanto, y establece que es el órgano judicial remitente el que debe valorar si esta regulación del Estado en el que el trabajador desarrolla habitualmente su trabajo es más favorable para el empleado que la del Estado cuyo ordenamiento rige la relación laboral. En este caso, aquella debería ser la aplicable para la cuestión particular del salario mínimo, por esta razón de ser más protectora para el trabajador.
The judgment in question is a response to questions referred for a preliminary ruling by a Romanian court which has to decide on the law applicable to the minimum wage to be paid to a number of Romanian workers. The Court of Justice answers two joined cases in which the employees work in a State other than that the State whose law is applicated. Under Article 8 of the Rome I Regulation, the law applicable to the individual employment contract is the law chosen by the parties -Romanian law in our case- and the mandatory provisions of the law which would be applicable in the absence of choice, provided that they are more protective to the employee. The law that would be applicable if the parties had not chosen Romanian law as the law governing their contractual relationship is that of the State in which the employee habitually carries out his work (Art. 8.2 IRR) -Italy and Germany, in the two joined cases. In the CJEU, the Court concludes that the provisions on minimum wages can be considered to be stipulations that cannot be excluded by agreement, mandatory provisions, therefore, and provides that it is up to the referring judicial body to assess whether this regulation of the State in which the employee habitually carries out his work is more favourable to the employee than that of the State whose law is applicated. In this case, the latter should be the one applicable to the particular question of the minimum wage, since it is more protective of the employee.
