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Francisco José Sospedra Navas
Este comentario tiene por objeto la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2021. La Sentencia comentada aborda la cuestión relativa a la obligación de pago de los gastos derivados por el depósito de un vehículo intervenido por orden judicial. La Sentencia da una solución interpretativa que concilia la letra de la disposición final primera de la Ley 40/2002, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, con el ámbito de aplicación de la misma Ley y con la naturaleza del depósito judicial o secuestro, en base a los antecedentes legislativos y a una interpretación teleológica, concluyendo que el contrato con el titular del vehículo tiene que encuadrarse en el desarrollo de una actividad mercantil o lucrativa de aparcamiento de vehículos, lo cual excluye el desarrollo de la actividad lucrativa de depósito judicial. En consecuencia, la obligación de satisfacer los gastos corresponde a la Administración con competencias en materia de justicia, obligada a proveer de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, sin perjuicio de que pueda resarcirse en su caso con cargo a las costas procesales.
The comment is from the Sentence of the Third Chamber of the Supreme Court of November 25, 2021. The commented Sentence addresses the issue of the obligation to pay the expenses derived from the deposit of a vehicle intervened by court order. The Judgment provides an interpretative solution that reconciles the letter of the first final provision of Law 40/2002, regulating the vehicle parking contract, with the scope of the same Law and with the nature of the judicial deposit or kidnapping, La Interpretation is made by the legislative antecedents and according to its purpose. The Judgment concludes that the parking contract with the owner of the vehicle is made in the development of a commercial or lucrative vehicle parking activity. This interpretation excludes the development of the lucrative activity of judicial deposit. Consequently, the obligation to satisfy the expenses corresponds to the Administration with jurisdiction in matters of justice, obliged to provide material and economic means for the operation of the Administration of Justice, without prejudice to the fact that it can be compensated in its case against the court costs.
