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Oscar Alejos Guzmán
En un reciente artículo se ha propuesto invertir la carga de la prueba en el procedimiento sancionador, de manera que sea el administrado quien demuestre su inocencia. Esta nueva regla se utilizaría en aquellos casos en donde es menos costoso para el administrado producir la prueba necesaria para exonerarse de responsabilidad. De esta forma, se enfrentaría el problema de la conducta estratégica que podría tener el administrado para ocultar información. En el presente artículo, se analiza críticamente la propuesta mencionada, cuestionando sus bases teóricas y sus implicancias prácticas. En otras palabras, se asume una defensa de la garantía constitucional de presunción de inocencia, la misma que, en la posición del autor, no admite ni debe admitir excepciones.
In a recent paper, it has been proposed to invert the burden of proof in the sanctioning procedure, which would mean that the citizen should prove his innocence. This new rule would be used in those cases where the cost to produce evidence is lower for the citizen. In this way, one could face the problem of strategic behavior and hiding of information. In this paper, the proposal is critically analyzed, questioning its theoretical grounds and its practical implications. In other words, this paper assumes a defense of the constitutional guarantee of presumption of innocence, which can and should not admit exceptions.
