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Pese a los abultados beneficios de las compañías aseguradoras que operan en nuestro país, tienen bloqueadas las indemnizaciones, dotándolas incluso de un carácter regresivo, desde que consiguieron instaurar un baremo cerrado. Lo más granado de la doctrina y la jurisprudencia española ha criticado contundentemente este sistema, su desproporcionada ambición de cuantificar «en todo caso» las indemnizaciones de daños y perjuicios, y las bajísimas cifras indemnizatorias que impone, absolutamente desproporcionadas y sangrantes para la población y contrario al espíritu de las Directivas Comunitarias que propugnan su elevación.
