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El genocidio por razones políticas de los militantes de la Unión Patriótica revela la confrontación clasista por el poder político, económico y social en Colombia. Sus militantes quedaron expuestos a un nivel de riesgo y amenaza de tipo extremo al ser calificados de enemigos y no como contradictores políticos. Esta circunstancia, en un conflicto tan violento y prolongado como el colombiano en el que la práctica sistemática del genocidio contiene como elemento discriminatorio el elemento nacional, facilitó la consumación de los lamentables hechos pues el conflicto ocurre entre los diversos grupos nacionales en que ha quedado escindida la nacionalidad. Así se truncó el proyecto político social Unión Patriótica, una expresión de la izquierda democrática en la década de los ochenta, que proponía una esperanza para salir del conflicto armado interno a través de la anhelada paz con justicia social. La responsabilidad en el genocidio político puede ser imputada al Estado colombiano por omitir la adopción de medidas efectivas de protección a los miembros de la UP, por complicidad u omisión de sus funcionarios y por la impunidad en que han quedado dichos crímenes. Ante esta tragedia humanitaria la memoria y la verdad histórica son el camino de la reconciliación con la exaltación del sujeto político martirizado y a sus sobrevivientes. En esta transición la aplicación de la justicia transicional contribuirá al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y la democracia.
