Acceso usuarios
Otoniel Burgos Claros
Los operativos de la Policía Nacional en contra de la minería ilícita y los importantes resultados obtenidos, parecen no ser suficientemente efectivos para prevenir y controlar impactos ambientales negativos, ocasionados por la expansión, crecimiento, evolución, tecnificación y mutación del fenómeno criminal, así como por la metástasis que hace con otras conductas desviadas y su arraigo cultural; se cuestiona entonces la eficacia jurídica del derecho al ambiente sano, a la luz de la estrategia de intervención integral de la institución policial, para contrarrestar la minería ilícita de oro en el Departamento de Caldas. Esta indagación se desarrolló bajo un paradigma cualitativo, con enfoque descriptivo, interpretativo y método inductivo, a través de revisión documental, entrevistas semiestructuradas, resúmenes analíticos y guías de entrevista. Identificar la naturaleza y estructura del derecho a gozar de un ambiente sano en el ordenamiento jurídico colombiano, constituyó el paso investigativo que llevó a determinar que su génesis se dio a partir de la preocupación internacional en prevenir y contrarrestar pasivos ambientales originados como consecuencia de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de la revolución industrial, guerras mundiales, accidentes humanos, sobrepoblación del planeta y avances tecnológicos, entre otros. A partir de 1972 la protección del entorno natural se irradió desde naciones unidas hacia los sistemas regionales de derechos humanos y los Estados. En Colombia los elementos constitutivos del derecho al ambiente sano no están claramente definidos. No obstante, se patenta la titularidad y obligación en el Estado, los particulares, las generaciones humanas presentes y las futuras; su naturaleza es colectiva. Aquí se sostiene que las situaciones fácticas son las que en cada caso otorgan carácter fundamental, colectivo o mixto al derecho que se menciona. El desconocimiento se erige como obstáculo para su ejercicio y respeto, para la formulación de políticas públicas, para la expedición de leyes y para su justiciabilidad.
