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La satisfacción del derecho constitucional a la vivienda se manifiesta totalmente fallida. De hecho, la promoción inmobiliaria residencial ejercitada por la iniciativa privada no resuelve el problema, poniéndose de manifiesto, la necesaria disposición de una intervención proactiva del sector público en la promoción de vivienda en alquiler social, que permitirá garantizar razonablemente el citado derecho.
