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La creación y regulación normativa de las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, constituidas con el objeto de trasladar al desarrollo de la gestión urbanística de los planeamientos y la finalidad de conseguir niveles de eficiencia organizativa difíciles de obtener con las estructuras administrativas, ha venido condicionada desde la promulgación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en la medida en que acarreó una serie de problemas derivados de la regulación jurídica y procedimental de la participación y elección de un socio privado. Problemas que, partiendo de la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada, de febrero de 2008, fueron acarreando una considerable merma de su operatividad, no solo desde el aspecto contractual, derivado de la necesaria aplicación de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad de trato en el objeto de su tráfico jurídico, sino también desde el de su adecuación al principio de la libre prestación de servicios derivada del artículo 56 del TFUE. Consecuencia de ello fue la modificación, en el año 2017, de la regulación que de las mismas se contenía en la legislación urbanística del Principado de Asturias.
