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Miguel Beltrán de Felipe 
El objeto del artículo es comentar la sentencia Saquetti c. España, dictada por el TEDH en junio de 2020, que declaró contrario al CEDH el sistema de única instancia para la impugnación de algunas sanciones administrativas. Partiendo de los hechos del caso, y de la sentencia y del Voto Particular del Juez Lemmens, y reconociendo que representa una garantía importante para los recurrentes, se hace un análisis crítico de la jurisprudencia Engel y de la fundamentación de la sentencia Saquetti c. España, que pone en cuestión no sólo el sistema de única instancia para caso como el del recurrente (impugnación ante un TSJ de una sanción administrativa de 153.000 euros) sino la técnica a través de la cual la LRJCA establece el umbral de asuntos que son susceptibles de apelación. El trabajo analiza el actual modelo jurisdiccional establecido en la LRJCA de 1998 y sus sucesivas reformas, comenta las diversas maneras de adaptarlo a la sentencia Saquetti c. España introduciendo una posibilidad de recurso de segunda instancia para las sanciones administrativas que sean consideradas graves conforme al Protocolo nº 7 del CEDH, y finaliza alertando acerca de algunas consecuencias indeseadas que sobre la potestad sancionadora de la Administración tendría la doctrina contenida en dicha sentencia.
The article deals with the Saquetti v. Spain judgement, rendered by the ECtHR in june 2020, which declared that the judicial system of no appeal, or double degree of jurisdiction, against judgements regarding some administrative penalties violates the ECHR. Even if it clearly represents a procedural privilege for claimants, Saquetti is critically assesed, mainly because it brings into question not just the no-appeal rule for many administrative penalties but also the way the law (ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa) sets the general threshold for appealing. After expounding the posible ways of implementing the Saquetti doctrine at national level – which would imply a legal reform – the article ends with a warning about some of its undesirable consequences vis à vis the capacity and the effectiveness of the power of Administrative authorities to impose penalties and fines.
