Acceso usuarios
Vigo, España
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado recientemente la Orden HFP/1030/2021 que configura y desarrolla el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (conocido como «DNSH»), se establece como uno de sus criterios específicos y por lo tanto de obligatoria consideración, en la ejecución de todas las actuaciones para todo el sector público y los perceptores de fondos. La evaluación de este nuevo principio ambiental se realiza en este sistema de gestión con un «test de daños ambientales» y una lista de verificación de «análisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados», que los órganos responsables y gestores deberán cumplimentar para comprobar su aplicación en los procedimientos.
Sin embargo, bajo la simplicidad y sencillez de estos trámites formales destinados a facilitar la coordinación y el seguimiento, subyacen importantes implicaciones prácticas en términos de carga burocrática, complejidad técnica, disponibilidad de recursos específicos adecuados y la necesidad de generar certidumbre a los sujetos implicados. Así, advertimos que pueden surgir dificultades en el abordaje de esta tarea, sobre todo si tenemos en cuenta que se va a requerir un conocimiento técnico y especializado en materia ambiental que de momento no existe en muchas administraciones.
The Ministry of Finance and Public Function has recently published the Order HFP/1030/2021, which configures and develops the management system of the Recovery, Transformation and Resilience Plan, in which the principle of «not causing significant damage to the environment» (known as «DNSH»), is established as one of its specific criteria and therefore of mandatory consideration in the execution of all actions for the entire public sector and for the recipients of funds. The assessment of this new environmental principle is carried out in this management system with an «environmental damage test» and a checklist of «risk analysis on unwanted environmental impacts», which the responsible bodies and managers must complete to verify their application in procedures. However, under the simplicity of these formal schemes intended to facilitate coordination and monitoring, there are important practical implications in terms of bureaucratic burden, technical complexity, availability of adequate specific resources, and the need to generate certainty to the different agents involved. Thus, we warn that difficulties may arise in the approach to this task, especially if we take into account that technical and specialized knowledge in environmental matters is going to be required and that at the moment is not present in many administrations.
