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En la actualidad la evaluación de programas y políticas públicas se considera no sólo una herramienta técnica esencial, sino también un elemento estratégico para el buen gobierno. Sin embargo, en ocasiones una excesiva teorización y distintas dificultades de carácter práctico y metodológico, cuando no político, dificultan su uso efectivo.
En el caso español, adicionalmente, la ausencia de un modelo institucional eficaz dificulta canalizar el potencial de la experiencia y capacidades acumuladas, por lo que resulta necesario establecer un marco jurídico y administrativo que le de coherencia y operatividad. El anuncio de un proyecto de Ley en materia de evaluación de políticas públicas permite crear ciertas expectativas sobre la posibilidad de adopción de una nueva arquitectura institucional pública adecuada.
En este proceso también han de participar las instituciones de control externo, por su función vinculada al análisis de la eficacia, eficiencia y resultados de los planes, programas y políticas públicas, y su experiencia en el desarrollo de auditorías operativas. La evaluación y la auditoría operativa pueden formar parte, desde una visión transversal y complementaria, de un mismo ecosistema de evaluación, en el que ambas compartan conocimientos, enfoques y herramientas. En cualquier caso, no cabe duda que la evaluación permite una perspectiva más integral, y que la incorporación de algunos de sus elementos a la auditoría operativa, facilitaría un enfoque evaluador, dentro de los análisis ex post realizados por las instituciones de control externo.
The evaluation of public programmes and policies is currently considered not only an essential technical tool, but also a strategic element for good governance. However, excessive theorisation and various difficulties of a practical and methodological, if not political, nature sometimes hinder its effective use.
In the Spanish case, moreover, the absence of an effective institutional model makes it difficult to channel the potential of accumulated experience and capacities, making it necessary to establish a legal and administrative framework that gives it coherence and operability. The announcement of a draft Law on the evaluation of public policies on public policy evaluation raises expectations about the possibility of adopting a new suitable public institutional architecture.
External Control Institutions must also participate in this process, given their role in analysing the effectiveness, efficiency and results of public plans, programmes and policies, and their experience in conducting performance audits. Evaluation and performance auditing can form part, from a cross-cutting and complementary vision, of the same evaluation ecosystem, in which both share knowledge, approaches and tools. In any case, there is no doubt that evaluation allows for a more comprehensive perspective, and that the incorporation of some of its elements into the performance auditing would facilitate an evaluative approach, within the ex-post analyses carried out by the external control institutions.
