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Cristina Herrero
El principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos está consagrado en la normativa española al más alto nivel y junto al de eficacia, se recoge, en numerosas normas como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley General Presupuestaria o las leyes de Hacienda de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, hasta ahora se ha quedado en un enfoque eminentemente teórico centrado en el control contable, de legalidad y de procedimientos.
Junto a este tipo de análisis, fundamentales para garantizar la calidad y seguridad normativa, es crucial que avancemos hacia verdaderas evaluaciones de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas que sin duda requieren de las anteriores como condición necesaria, pero no suficiente.
La eficiencia y eficacia se construyen, una tarea que debe ser abordada desde el inicio de cualquier política y durante toda la vida de la misma. Nos encontramos en un momento clave para impulsar este tipo de evaluaciones.
Tras la Declaración del Eurogrupo en 2016 el interés a nivel nacional ha ido en aumento, tanto en el ámbito de la Administración Central como de las Administraciones Territoriales.
Además, la recepción de fondos europeos como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia marcará un hito sin precedentes que exigirá un esfuerzo colectivo para conseguir un uso eficiente y eficaz de estos recursos.
Nos encontramos por tanto en un momento clave que puede marcar el cambio de rumbo hacia una verdadera cultura de evaluación, una tarea en la que administraciones, gestores y evaluadores deben trabajar de la mano.
The principle of efficiency in managing public resources is enshrined in the Spanish legislation at the highest level and, in addition to that the effectiveness, is also enshrined in numerous regulations such as the Organic Law on Budgetary Stability and Financial Sustainability, the General Budgetary Law or the tax laws of the Autonomous Regions. However, so far it has been left in a theoretical approach focusing on accounting control, legality, and procedures. With this type of analysis, that are key to ensuring quality and regulatory safety, it is crucial that we move towards real evaluations of the efficiency and effectiveness of public policies, which require the previous ones as a necessary but not sufficient condition.
Efficiency and effectiveness must be built as a task that should be addressed from scratch for any policy and throughout its journey. We are at a key moment to engage with these assessments. Following the Eurogroup Declaration in 2016, the interest at national level has increased, both in the Central Administration and Territorial Administrations.
In addition, the reception of European funds due to the COVID-19 crisis will mark an unprecedented milestone that will require a collective effort to use resources efficiently and effectively.
Therefore, we are at a crucial moment where a true evaluation culture could be engaged by administrations, managers and evaluators working together.
