Resumen de Vulneración del derecho fundamental de huelga en servicios esenciales por la imposición gubernativa de servicios mínimos. Prescripción, y no caducidad, de la acción resarcitoria de la vulneración del derecho, ejercida frente a la empresa ante la jurisdicción social, desde la firmeza de la sentencia contenciosa anulatoria de los servicios mínimos

María Emilia Casas Baamonde

• español

  Vuelve esta sentencia a las consecuencias resarcitorias de la vulneración del derecho de fundamental de huelga en servicios esenciales comunitarios (transporte ferroviario) por una imposición gubernativa de servicios mínimos declarada ilegal y anulada (por falta de motivación suficiente) por la jurisdicción contencioso-administrativa. El día inicial del plazo de prescripción de un año para reclamar daños y perjuicios a la empresa que aplicó los servicios mínimos anulados por parte de las personas que consideran vulnerado su derecho de huelga corre desde que alcanza firmeza la sentencia declarando la antijuricidad de la resolución de imposición de los servicios mínimos lesivos del derecho fundamental de huelga. Lo contrario sería dejar a las personas trabajadoras sin posibilidad de extraer las consecuencias inherentes a la anulación de la resolución gubernativa de fijación de los servicios mínimos.

• English

  This judgment returns to the compensatory consequences of the infringement of the fundamental right to strike in essential community services (rail transport) by a government imposition of minimum services declared illegal and annulled (for lack of sufficient reasoning) by the contentious-administrative jurisdiction. The first day of the one-year limitation period for claiming damages from the company that applied the annulled minimum services by persons who consider that their right to strike has been violated runs from the date on which the judgment declaring the unlawfulness of the decision imposing minimum services prejudicial to the fundamental right to strike becomes final. To do otherwise would be to leave the workers without the possibility of drawing the consequences inherent in the annulment of the government decision setting the minimum services.