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En 1971, ante la inminencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano convocada en Estocolmo en agosto de 1972, se empezó a legislar en México acerca de ciertos aspectos de la política ambiental. En 1992 se llevó a cabo la llamada Cumbre de Río: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se proclamó la Declaración de Río sobre Desarrollo Sustentable, se firmaron varios acuerdos internacionales y se aceptaron las recomendaciones de la Agenda 21. Se suponía que México, junto con otros 177 países, iniciaría a partir de entonces un proceso de desarrollo sustentable, el cual garantizaría a las generaciones venideras no sólo la protección de los recursos naturales y un empleo racional de los no renovables más escasos y en peligro de agotamiento, así como la sustitución de los más contaminantes, sino además un mejoramiento constante de la calidad de vida en un contexto de equidad social.
