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Andrés Gutiérrez Gilsanz
La extensión hasta el 30 de junio de 2022 de la llamada «moratoria concursal» por el artículo tercero del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, seguramente aliviará la preocupación que pueda surgir en muchos administradores sociales acerca de la orientación que deban dar a sus actos de gestión en la inmediación de la insolvencia. Sin embargo, la suspensión del deber de solicitar el concurso no cambia nada en cuanto a sus responsabilidades gestoras. La actuación gestora societaria debe en todo momento buscar el mejor interés de la sociedad empresaria conforme a los deberes fiduciarios legalmente establecidos, dentro del marco de la regla de la protección de la discrecionalidad empresarial. En todo caso, no es correcto juzgar la actividad gestora societaria en la proximidad a la insolvencia sobre la base del respeto o no al interés de un concurso de acreedores que todavía no se ha declarado cuando se toman las decisiones. Por eso, la guía de la actuación de los administradores sociales en tales momentos no debe ser el logro del máximo interés de los acreedores, ni tampoco el de los socios mayoritarios o el de cualquier otro interés propio o ajeno al de la sociedad, por muy general que sea, sino la evitación diligente y leal de la insolvencia societaria y la búsqueda de la viabilidad de la empresa social.
