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Amalio Miralles Gómez
El autor analiza la llamada moratoria concursal, esto es, la suspensión del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso hasta el próximo 30 de junio de 2022. Según indica, esta nueva prórroga resulta una paradoja tremenda, pues, por un lado, se quiere impulsar un sistema de alertas tempranas para la insolvencia, y por otro se pospone una obligación de presentar concursos de empresas que ya son absolutamente inviables.
