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Los sistemas de Seguridad Social, en su configuración inicial, se asentaron sobre unas premisas básicas, una de las cuales consistía en que los trabajadores, incorporados a la Seguridad Social, mantenían una relación laboral con su empresa, a tiempo completo y, por lo general, de naturaleza indefinida. Esta premisa se ha ido modificando en las últimas décadas, con la flexibilidad de las relaciones laborales y la aparición de las contrataciones denominadas, en la jerga comunitaria, atípicas. Las contrataciones temporales y, en particular, las que implican una realización de jornada a tiempo parcial han sido y siguen teniendo una presencia importante en la estructura del mercado laboral en España.
La contratación a tiempo parcial es una realidad en España desde principios de la década de los ochenta y su utilización se ha visto incrementada desde la reforma de la legislación laboral de 1994, sin que su utilización tenga la intensidad que presenta en otros países de la Unión Europea. No obstante, en las últimas modificaciones introducidas en el ordenamiento laboral se ha realizado una verdadera apuesta por la intensificación de su uso, ya que se trata de una figura contractual que puede servir para la incorporación al mercado de trabajo de determinados colectivos, al tiempo que posibilita conciliar necesidades o aspiraciones laborales con otras de distinta naturaleza (familiares, de formación, etc.).
Ahora bien, para que ese propósito pueda realizarse en la práctica es preciso que los sistemas de Seguridad Social se adapten a las características de la contratación parcial pues, en otro caso, los derechos sociales podrían ser inexistentes para los trabajadores que prestan servicios en esta modalidad de trabajo. Sin embargo, esa adecuación realidad laboral/derechos de Seguridad Social no siempre ha sido fácil e, incluso, en la misma se han ido adoptando medidas de distinto alcance y significación.
En este trabajo se efectúa un análisis de la evolución que se ha seguido en la adecuación de la normativa que rige la Seguridad Social (en sus diversos aspectos, particularmente los relacionados con la afiliación, la cotización y la acción protectora) desde las primeras reformas de principios de la década de los ochenta hasta la reciente llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre.
