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En este artículo la autora expone sistemáticamente las conclusiones del Abogado General del TJUE relativo a la posible vulneración del Derecho comunitario por la normativa española que regula la obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
Previamente analiza el régimen sustantivo del Modelo 720, las consecuencias derivadas del incumplimiento, así como la evolución del proceso frente a las instituciones europeas. Finalmente se centra en la normativa de Gipuzkoa modificando este régimen con la finalidad de garantizar su compatibilidad con el derecho de la Unión .
