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Sergio Siverio Luis
El establecimiento de la autorización familiar expresa para participar en actividades complementarias por parte del gobierno autonómico de la Región de Murcia ha generado una polémica controversia que cuestiona la conformidad de la medida con el ordenamiento jurídico y con el marco constitucional. El denominado pin parental pone el foco en las actividades complementarias de educación sexual y de género que se imparten en las escuelas públicas, por cuanto podrían vulnerar el derecho de las familias a educar de acuerdo con sus propias convicciones, debiendo ser voluntarias para el alumnado. En este trabajo, abordaremos la problemática constitucional del pin parental con respecto a la educación sexual y de género, para fundamentar jurídicamente si es compatible o no con la Constitución.
