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Carmen Martín Fernández
Al igual que sus predecesoras, la actual Ley de Seguridad Ciudadana ha sido duramente criticada. De ahí su apodo de «ley mordaza». Los sectores más críticos vieron en ella, incluso desde antes de su aprobación, unas restricciones injustificadas y desproporcionadas de algunos derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente del derecho de reunión. Por eso, y por otras posibles vulneraciones de garantías constitucionales, como los principios de tipicidad y de seguridad jurídica (arts. 25.1 y 9.3 CE), fue objeto de dos recursos de inconstitucionalidad. En este trabajo se analizan las sentencias del Tribunal Constitucional que los han resuelto, en concreto, se estudian sus pronunciamientos sobre el régimen sancionador de la LOPSC y las razones que han llevado al máximo intérprete de nuestra Norma Suprema a declarar su constitucionalidad.
The current Citizen Security Law has been strongly criticised. Hence its nickname «gag law.» Even before its approval, the most critical sectors saw in this law an unjustified restriction to several fundamental rights, specifically of the assembly freedom. For this reason, and because presumably infringe almost systematically the principle of legality and legal certainty when classifying infractions, this law has been the subject of two appeals. In this paper, the judgments of the Constitutional Court that resolve them are analysed, specifically its pronouncements about the system of sanctions of the LOPSC and the reasons that have justified the statement of its constitutionality.
