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Javier Barnés 
A las Cortes Generales les corresponde establecer el marco legislativo adecuado para habilitar, condicionar y controlar el ejercicio de los poderes de emergencia que se le atribuyen al Ejecutivo, bien sean estos de carácter ordinario o bien extraordinario —y que pueden afectar no solo a los derechos fundamentales, sino también al sistema de fuentes del derecho y al orden de distribución de competencias, entre otros impactos—. Sin embargo, la resistencia parlamentaria a aprobar una verdadera ley contra las enfermedades contagiosas o infecciosas se encuentra en la base del conflicto, no solo en el período de «entre alarmas» o de «post-alarma», sino durante su misma vigencia. La abdicación constitucional de la «potestad legislativa del Estado» (art. 66.2 CE) en este punto causa la desprotección de los derechos, quiebra principios básicos como el Estado democrático de derecho y genera innecesariamente otros graves problemas constitucionales, al forzar el uso de una infraestructura legal manifiestamente incapaz de soportar el peso. Entre esas derivadas, destaca la externalización del coste político que han de asumir las Cortes y el Gobierno en la lucha contra la pandemia hacia los jueces.
It is the responsibility of parliament under constitutional principles to enact an act providing the powers - ordinary and extraordinary - to be given to the executive in the fight against contagious diseases. Extraordinary emergency powers - exercised through regulations according to such act - can affect fundamental rights, sources of the law and allocation of competences in a multilevel system. Hence the need, firstly, for such an act to meet special requirements and, secondly, for an intense parliamentary scrutiny. If parliament fails in this twofold mission, first and foremost in the comprehensive regulation of those powers with due safeguards, it creates other serious consequential constitutional concerns and a severe democratic deficit.
