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Con la revolución jurídica, se ha abandonado la concepción decimonónica de que el juez aplica la interpretación “correcta” para “resolver” un caso mediante una mera aplicación silogística y casi matemática del Derecho. Hoy el juez dicta sentencia a partir de un material probatorio y normativo, respetuoso de los derechos humanos y basado en ellos, con el cual debe fundamentar y justificar lo que, al final, no deja de ser su “decisión”. Si esto es así, entonces, la independencia y la imparcialidad del juzgador se vuelven un asunto de primer orden.
