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La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR), publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de septiembre de 2021 ha sido el pistoletazo de salida. La obligatoriedad del compliance en la administración pública en todos sus niveles, estatal, autonómico y local supondrá un incremento en las funciones ejercidas por los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional (en adelante FHCN). En este trabajo se expone del conjunto de obligaciones derivadas de los planes antifraude y el papel de las oficinas y agencias antifraude.
