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David Carrión Morillo
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LA LEY 26470/2020), no solo ha prorrogado la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio como se venía haciendo en las anteriores leyes de presupuestos, sino que ha establecido, con carácter indefinido, su gravamen. En el presente trabajo procedemos a revisar la argumentación y la normativa del impuesto para comprobar si, hoy en día, existen razones que consigan justificar el controvertido mantenimiento de su gravamen.
